El Plan regional de residuos, la central de Garoña o la estación de esquí son algunos de los problemas ecológicos que muestran las incompatibilidades del capitalismo con un desarrollo sostenible.
¿Cómo encajar un mundo con recursos naturales finitos en una economía que tiende a expandirse en un ciclo interminable sostenido por la ganancia y el interés privado? Se trata de una cuestión crucial en el siglo XXI. No se trata solamente de decidir el modo de producción y de sociedad queremos. En palabras de Fidel Castro tras el fracaso de la cumbre de Copenhague en 2009: “Hasta hace muy poco se discutía sobre el tipo de sociedad en que viviríamos. Hoy se discute si la sociedad humana sobrevivirá”.
El consenso científico es abrumador al respecto, se han sobrepasado umbrales de agresión al medio ambiente para los cuales no hay vuelta atrás: el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad o la contaminación de los suelos (entre muchas otras) son realidades ante las cuales es necesario tomar drásticas medidas. Sin embargo, el capitalismo parece impotente para tomar cartas en el asunto. El modo de producción y consumo de los países llamados desarrollados no puede ser generalizado a toda la humanidad, que para 2050 contará con 9.000 millones. Qué, cúanto y cómo se produce a día de hoy es controlado por un puñado de grandes multinacionales sin vista de futuro. Solo un sistema económico basado en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales puede ser capaz de poner freno a la situación.
Lo anteriormente descrito puede trasladarse a la situación de Castilla y León. Bajo el eslógan “Castilla y León Es Vida” se esconde una realidad bastante diferente. La Junta acumula numerosas sentencias judiciales en su contra. Recientemente significativo es el caso del Plan Regional de Residuos, pues la sentencia del Supremo deja sin cobertura legal a una veintena de instalaciones de incineración y vertido de residuos industriales autorizadas por la Junta en los últimos años.
Podríamos citar también la prolongación de vida de la central nuclear de Garoña, la estación de esquí de San Glorio o las irregularidades en las candidaturas al cementerio nuclear. Impera la idea de obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Así la burguesía agraria e industrial de CyL apuesta por un tipo de negocio que podría definirse como el de “establecerse, contaminar, cerrar”, y vuelta a empezar. La laxa regulación fomenta el asentamiento de industrias contaminantes, que una vez terminado el negocio abandonarán el territorio dejando la contaminación tras de sí. Todo ello amparado bajo una supuesta creación de empleo que no es tal.
Se genera también la impresión de que el turismo rural es la solución a la despoblación rural, a la vez que las Juntas Vecinales ven amenazadas su existencia, o se desaprovecha la posibilidad de generar un plan de desarrollo rural que incida en el potencial de las energías renovables en la comunidad. Unido a la perniciosa PAC de la Unión Europea en materia agrícola y ganadera vemos como el capitalismo, aquí y en los caladeros de pesca de Somalia, es incapaz de preservar siquiera el terreno que sustenta su propia actividad.
Desde la UJCE afirmamos el socialismo como la única manera de poner freno a la devastación del medioambiente. Socialismo como único garante del acceso equitativo a los bienes ambientales. Una Economia a ritmos que satisfaga necesidades, no tasas de ganancia privada. De seguir explotación a este ritmo, ya no quedará nada qué explotar.
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